.Este post ha sido elaborado por  Rocío Ramírez, Lorena Valenzuela y Anna Romero, alumnas del Máster en Comunicación Científica, Médica y Ambiental del IDEC-Universitat Pompeu Fabra.

El programa de IU propone que tanto la actividad científica como tecnológica deben situarse en el centro del debate social y ser la base de un modelo de desarrollo económico sostenible.

Sus propuestas prioritarias en I+D+i incluyen la aplicación de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, la superación de sus aspectos más regresivos, así como la necesidad de discutir y aprobar en el Parlamento un Plan Estatal integrador en el área, que funcione como eje de referencia para las iniciativas autonómicas.

Otra propuesta es aprobar una Ley Presupuestaria Plurianual y aumentar la inversión en ciencia y tecnología al 2% del PIB, así como un 50% del personal dedicado a I+D. También propone varias iniciativas para coordinar el sector público de la investigación, como la aprobación del Estatuto de Personal Público de Investigación.

IU pretende consolidar un sistema científico que optimice los recursos humanos y económicos. Plantea reducir la precariedad del empleo en la investigación mediante la conversión efectiva de todas las becas en contratos laborales de 4 años y destinar los recursos de I+D a aplicaciones civiles.

El programa enfatiza que la investigación debe asociarse a modelos de desarrollo sostenible que incluyan la protección del medio ambiente, el uso de energías renovables y la salud laboral.

Un aspecto novedoso es el posicionamiento de la investigación como servicio público, que rechace la apropiación privada de recursos y promueva la libre utilización y difusión de los resultados de las investigaciones, e incluya el derecho de los trabajadores a la información y participación en el diseño de las politicas tecnológicas de las empresas.

Para IU las actividades de I+D son herramientas que permiten potenciar la cohesión europea, por lo que propone la creación de redes y centros de excelencia europeos. La propuesta defiende la necesidad de recuperar y reforzar la investigación en temas socioeconómicos enfocados, entre otros, al estudio de fenómenos de marginación o exclusión social.

Se destaca la importancia de la cooperación para el desarrollo y con los países del tercer mundo.

Por último, advierte sobre la influencia que ejerce la industria farmacéutica privada sobre qué y cómo se investiga; frente a este fenómeno, sugiere fomentar la investigación biosanitaria con criterios de interés general y financiación pública.

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