El desarrollo energético y el pacto nacional del agua dominan las medidas medioambientales del PP

.Este post ha sido elaborado por Bet Vallcorba e Isadora Christel, alumnas del Máster en Comunicación Científica, Médica y Ambiental del IDEC-Universitat Pompeu Fabra.

El sector energético y el ciclo del agua son con diferencia los aspectos más destacados del programa del Partido Popular en cuanto a medio ambiente. De un total de 407 medidas,

aproximadamente 30 están relacionadas con la sostenibilidad ambiental, aunque con un enfoque más centrado en el desarrollo económico que en la preservación del entorno.

Sus medidas en política energética se basan en el desarrollo de un mix energético equilibrado a partir de todas las fuentes disponibles, aunque no se especifica cómo ni quien decidirá los porcentajes de este mix.  Entre las propuestas destaca el “desarrollo y despliegue de redes eléctricas inteligentes y de los dispositivos domésticos que permitan la gestión voluntaria de la demanda”. Se trata de un aspecto estratégico de las políticas energéticas europeas, una propuesta sorprendente por su innovación.

El programa hace referencia al desarrollo de las energías renovables y a su integración en el sistema eléctrico, a la vez que propone la eliminación del déficit tarifario que tienen actualmente. La regulación de las tarifas podría representar un freno al desarrollo de estas tecnologías y la propuesta no especifica cómo compatibilizar estos dos objetivos. El texto también señala la voluntad de cumplir con los compromisos internacionales  en emisiones de CO2 y la necesidad de reducir el consumo de petróleo en el transporte, pero no entra en detalles. En cambio, sí que hace mención expresa a la necesidad de prolongar la vida de las instalaciones nucleares a fin de abaratar la energía.

Mientras la política energética se desarrolla en un apartado propio con 10 medidas, el tema del agua destaca por su presencia reiterada en diversos apartados. En todos ellos se hace referencia a “un gran pacto nacional basado, entre otros criterios, en los de unidad de cuenca, sostenibilidad medioambiental, prioridad de uso en la propia cuenca con garantía de las necesidades presentes y futuras de la misma, y solidaridad interterritorial”. Este planteamiento puede llevar a interpretaciones ambiguas y avivar de nuevo conflictos regionales. También se alude a la preservación de los recursos hídricos y la reducción del consumo aunque sin precisar medidas.

Además, el texto propone algunas medidas tan poco definidas como impulsar la “coordinación y cooperación entre las administraciones públicas en la lucha contra el cambio climático” o “fomentar la responsabilidad ciudadana en el respeto al medio ambiente, la conservación de la naturaleza, la preservación de la biodiversidad y el cuidado de los animales”. Estas generalidades comparten programa con otras acciones mucho más concretas, como renovar paulatinamente el parque móvil de la administración general del estado, optimizar la iluminación en las vías públicas de ámbito estatal o retirar el uso del papel en la administración.

Por último, cabe destacar que no se hace referencia a estudios o medidas para reducir el impacto ambiental de la industria ni se menciona la agricultura ecológica en su política agroalimentaria.

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